PRIMEROS EFECTOS COLATERALES DEL PACTO PP-PSOE SOBRE EL CGPJ: DIMITE EL DIRECTOR DE LA OFICINA ANDALUZA ANTIFRAUDE PARA PODER REGRESAR A SU PLAZA DE MAGISTRADO SIN ESPERAR DOS AñOS
Ricardo Puyol ha pedido este viernes su reingreso en la carrera judicial, antes de que entre en vigor la reforma.
El pacto alcanzado por el Partido Popular y Partido Socialista para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que incluye medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial y poner trabas a las puertas giratorias que conectan la política con la judicatura, cuenta ya con los primeros efectos colaterales, quizá no deseados. Este viernes ha dimitido el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, para poder regresar a su plaza de magistrado en la Audiencia de Granada, sin necesidad de tener que esperar dos años, como plantea la reforma pactada por los dos grandes partidos.
Ricardo Puyol ha confirmado a EL MUNDO que ha presentado su dimisión por "motivos personales" a raíz de los efectos que sobre él tendrá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que han acordado el PP y el PSOE en el marco de las negociaciones sobre el CGPJ. Esta reforma va a modificar los criterios de reingreso de los magistrados que se encuentren en situación de "servicios especiales", que hayan sido nombrados para "cargo político de confianza con rango superior a director general", como es el caso de Puyol en la Oficina Antifraude.
Actualmente, el reingreso en la carrera judicial de cualquier magistrado que esté ejerciendo un cargo político se puede hacer de forma automática y sin necesidad de aguardar ningún periodo de tiempo. Sin embargo, con la reforma pactada por el PP y el PSOE, el juez tendría que esperar dos años, después del cese en el cargo político.
Cinco años
Además, con esta reforma, que todavía no está en vigor, los jueces y fiscales que estén en política y quieran volver a la judicatura o su plaza de fiscal, durante cinco años, no pueden optar a ningún tipo de cargo de representación judicial, como por ejemplo ser vocal del CGPJ, y tampoco podrían ser vocales de una sala de gobierno.
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que dirigía Puyol es una entidad de derecho público, adscrita al Parlamento de Andalucía, que actúa con "plena autonomía e independencia". Sus fines son prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía, según detalla la web de este organismo. A pesar de que no está dentro de la estructura del Gobierno andaluz, el puesto de director se considera "cargo político de confianza con rango superior a director general".
Puyol, que era juez en Marbella cuando estallaron los escándalos de corrupción en la capital de la Costa del Sol, ha presentado este viernes su renuncia formal al cargo de director de la Oficina Antifraude ante el Parlamento de Andalucía, tras comunicarlo personalmente este jueves al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre. Tras el cese, ha solicitado este mismo viernes el reingreso en la carrera judicial, como ha confirmado a este diario.
La Oficina Antifraude fue creada en la anterior legislatura por el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. Puyol tomó posesión de su cargo como director en octubre de 2021, tras veinte años de ejercicio profesional como magistrado. Se marcha cuando todavía no ha cumplido tres años en el puesto, pero con una sensación "positiva", ya que en un "tiempo más o menos récord" se han desplegado todas las competencias que la Oficina tenía asignadas. Se ha puesto en marcha un canal externo para recibir denuncias, un registro telematizado de quejas y se han iniciado tramitado unas mil denuncias, según ha explicado.
Uno de los casos más espinosos que abordó la Oficina Antifraude fue el del director general de Pesca y Acuicultura del Ejecutivo andaluz, José Manuel Martínez Malia, que incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía por su vinculación con una empresa.
Tras la marcha de Ricardo Puyol, la estabilidad y el normal funcionamiento de la Oficina Antifraude "quedan plenamente garantizados" porque las funciones atribuidas a su antiguo director serán ejercidas ahora, según el régimen de suplencia, por Marta Blázquez, titular de la Dirección Adjunta.
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