EL GOBIERNO DA POR CUMPLIDO EL PACTO SOBRE LA AMNISTíA CON JUNTS Y ERC Y LES ENCOMIENDA AL CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER SU APLICACIóN

El Gobierno de Pedro Sánchez da por cumplido su acuerdo con Junts y ERC respecto a la ley de amnistía, por lo que se desentiende de todo el periplo judicial por el que ahora pasa la medida de gracia para su aplicación. Tras la decisión del Tribunal Supremo de no considerar la malversación del procés un delito amnistiable, el PSOE estaba a la expectativa de los efectos políticos que podría acarrear por parte de sus socios independentistas. Al respecto, fuentes del Gobierno afirman que Moncloa y el PSOE han hecho su trabajo y les remiten al Tribunal Constitucional "si hay algún tipo de diferencia" en la aplicación de la norma.

La decisión del Tribunal Supremo afecta tanto a Carles Puigdemont y los demás dirigentes de Junts huidos porque mantiene sus órdenes de detención, como a ERC, ya que hace lo propio con la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Ambos partidos, que son socios parlamentarios del PSOE, han avanzado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional. Además, el tribunal de garantías también tendrá que resolver la cuestión de inconstitucionalidad que le ha planteado el Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de desobediencia.

Tanto el PSOE como el Gobierno han reprochado la decisión del Supremo sobre la malversación. Mientras Ferraz la considera una "consideración política", el Ejecutivo cree que el texto de la ley de amnistía está claro, por lo que los jueces deberían aplicarlo tal y como está redactado en su artículo 1.4. Este indica que para que haya malversación tiene que haber un propósito de obtener un beneficio personal "de carácter patrimonial", mientras que el Supremo considera que este delito lo comete todo aquel que se apropie de bienes ajenos sea cual sea el destino del metálico obtenido.

Aunque más allá de posicionarse con estas declaraciones públicas, Moncloa da por hecho su trabajo. "Ha quedado meridianamente claro y hay cosas que no nos corresponden a nosotros", afirman fuentes del Ejecutivo. En concreto, en el acuerdo firmado el año pasado con ERC, los socialistas se comprometen a "culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía".

Pero en el caso de Junts, el documento pactado también añade que las conclusiones de las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña, el caso Pegasus y los atentados yihadistas de 2017 se deben tener en cuenta "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". En cualquier caso, los socialistas ya puntualizan que no hay "margen" para tocar la ley.

Las "diferencias" en la aplicación, al Constitucional

De esta forma, en Moncloa creen que es al Tribunal Constitucional al que, en todo caso, ERC y Junts deberían recurrir respecto a la aplicación de la medida de gracia. "Si hay algún tipo de diferencia en la aplicación, hay un Tribunal Constitucional", sostienen. De esta forma aluden a que el pasado 25 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concedió la amnistía al exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch y al mosso d’esquadra Lluís Escolà, que escoltó a Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) estando huido de la justicia. En este caso, los magistrados del TSJC consideraron amnistiable su delito de malversación argumentando que no hubo enriquecimiento personal.

Se trata de una tesis que comparte la Fiscalía y también la Fiscalía Superior de Cataluña, que de hecho ha solicitado al TSJC aplicar la amnistía a otros acusados de malversación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, en concreto, al diputado de ERC Josep Maria Jové y al presidente del Puerto de Barcelona, Lluis Salvadó. Pero este tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la última decisión del Tribunal Supremo va en sentido opuesto. Al respecto, a los líderes independentistas les queda esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional tanto en lo que se refiere al delito de malversación como de desobediencia.

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